Dioxido de cloro: califican de temerario su uso y crece la judicializacion del caso Otamendi

Un grupo de toxicologos coincidieron en calificar de “temerario” el uso de dioxido de cloro para tratar el coronavirus, mientras se profundiza la judicializacion del caso del hombre de 93 años que murio en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires, con denuncias promovidas contra la clinica, pero tambien contra el juez que habilito la prescripcion de la sustancia.

La medida cautelar a la que hizo lugar el juez federal, Javier Pico Terrero, para que se le administrara a Oscar Jorge Garcia Rua dioxido de cloro por via intravenosa, a partir de la prescripcion de su medico, llevo hoy a 45 sociedades cientificas a pronunciarse en repudio de esta decision judicial, a avalar el accionar del sanatorio, que se nego a suministrarle la sustancia, y a advertir que es un tratamiento no autorizado por la Asociacion Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia Medica (Anmat).

“Se puede hablar de un accionar temerario por parte del profesional medico, que prescribio una sustancia quimica que no demostro ningun beneficio”, dijo el medico toxicologo Sergio Saracco.

Integrante del comite cientifico de la Asociacion Toxicologica Argentina (ATA), el medico mendocino explico que tampoco cumple con otro requisito basico de cualquier medicamento, que es la “seguridad” y por eso “no esta autorizada para uso en humanos”.

“El dioxido de cloro es un potente oxidante que actua desnaturalizando las proteinas sobre las que toma contacto, de manera general e inespecifica”, dijo.

De alli su utilidad como desinfectante de superficies inertes, porque “si se aplica sobre cualquier estructura que tenga composiciones proteicas -sea un virus, una bacteria o una celula-, las destruye”.

Pero al ser administrado a un organismo vivo “daña del mismo las estructuras organicas con las que toma contacto”, como las mucosas en caso de ser ingerido, pudiendo causar “cuadros de esofagitis, gastritis erosiva”, pero tambien “nauseas, vomitos o diarreas”.

“A su vez, cuando pasa al torrente sanguineo produce una destruccion de los globulos rojos o incapacitarlos para transportar oxigeno”, explico.

Aplicado de manera endovenosa a un paciente critico por Covid-19, esta sustancia “agravara aun mas su problema de oxigenacion”.

“Si en la necropsia se detecta que hubo hemolisis o metahemoglobinemia, habria una causalidad directa entre suministro de esta sustancia y el compromiso de la oxigenacion”, dijo.

Respecto al argumento del abogado patrocinante, en el sentido de que se trata de un compuesto registrado en la Anmat, Saracco explico que tambien lo son sustancias como “la lavandina, la soda caustica o el silica gel”, que “no se pueden prohibir” por sus multiples utilidades; pero en todos los casos se trata de sustancias que resultan toxicas para su ingestion.

El medico toxicologo, explico que en el caso de pacientes desahuciados, “puede suceder” que los familiares presionen a los medicos para que le suministre sustancias no autorizadas que parecen “soluciones magicas”, pero que “terminan siendo un engaño” motorizado por “intereses economicos”.

“Si fuera tan exitoso, ya lo estarian promoviendo o industrializando los laboratorios que no dejarian escapar este negocio”, sostuvo.

Por su parte, la jefa de la Unidad de Toxicologia del Hospital Gutierrez, Elda Cargnel, recalco que ademas de ser una sustancia “no aprobada como medicamento” y cuya aplicacion en pacientes con coronavirus “no tiene ningun asidero cientifico”, hay que tener en claro que se trata de “un oxidante y no de un oxigenante”, es decir, que en vez de favorecer la oxigenacion, la dificulta.

“Entiendo que la familia esta desesperada, pero hay que desalentar este tipo actitudes porque solo conducen a mayor caos, habiendo hoy ya herramientas y experiencia en los medicos de terapia en el manejo de estos pacientes”, dijo.

Cargnel cuestiono ademas el rol del Poder Judicial, y y cuestiono “con que aval cientifico el juez tomo la decision, habiendo antecedentes de muertos” por la ingesta de esta sustancia.

“Me produce mucha preocupacion porque estan induciendo a utilizar una herramienta no aprobada de manera coercitiva”, agrego.

Por otro lado, Cargnel se lamento de que, en estos casos, los medicos y centros de salud tengan que afrontar la amenaza cruzada de demandas por homicidio culposo o desobediencia por no aplicar el dioxido de cloro ordenado por via judicial pero tambien, eventualmente despues, por haberlo aplicado con resultados negativos.

“A los medicos nos hacen juicio de mala praxis y ¿la praxis juridica?”, se pregunto.

Por su parte, Saracco considero que el medico no corre riesgos si su accionar se ve guiado siempre por “el principio de la seguridad para el paciente” y esta respaldado por evidencia cientifica, ya que “cuando se haga la investigacion, va a quedar a la vista la verdad”.

En tanto, el abogado de Garcia Rua anuncio que radicaran “una denuncia en el fuero penal para que se investigue la posible comision del delito de homicidio culposo, pero tambien por la desobediencia en la que incurrio el sanatorio Otamendi”.

El letrado Martin Sarubbi explico que todo comenzo a fines de diciembre cuando su cliente de 93 años, fue hospitalizado por coronavirus. “El cuadro era critico y el medico neurocirujano Dante Converti recomendo como metodo paliativo y humanitario, la realizacion de un tratamiento con ibuprofeno inhalado y dioxido de cloro”, detallo.

En ese contexto, su estudio presento un recurso de amparo en el fuero Civil, Comercial y Federal N° 7 que obtuvo una resolucion positiva, pero como “el sanatorio Otamendi se nego a realizar la practica”, hubo que “ampliar el recurso para autorizar al doctor Converti” a efectuarla.

“Una vez que se hizo, el cuadro del paciente evoluciono muy favorablemente pero finalmente fallecio no a causa de Covid, sino por una infeccion inhospitalaria”, dijo el abogado, aunque las autoridades del Otamendi no se manifestaron al respecto.

En tanto, se conocio esta mañana que Pico Terrero sera denunciado ante el Consejo de la Magistratura, y que fue denunciado penalmente hoy por el abogado Vadim Mischanchuk.

La denuncia, presentada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58, acusa a Pico Terrero por “intromision en decisiones que son ajenas al derecho y propias de la ciencia medica” al haber admitido como valida la medida cautelar.

La presentacion pide que se investigue “la posible comision de una mala praxis juridica por intromision en decisiones que son ajenas al derecho y propias de la ciencia medica”.

Segun la denuncia, la mala praxis juridica pudo haber tenido injerencia en el fallecimiento de Garcia Rua “a partir de la orden de aplicar tratamientos medicos no autorizados por la Anmat, sin estudios cientificos de eficacia comprobada y sin ensayos clinicos conforme lo establece la legislacion vigente en nuestro pais”.

Por otra parte, otro juez rechazo en segunda instancia una accion de amparo similar en Salta y otro tanto habia pasado hace dos meses en Ushuaia.

A inicios de agosto pasado, la Anmat relevo que el dioxido de cloro “no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorizacion alguna por parte de este organismo para su comercializacion y uso”.

Al respecto, Sarubbi reseño que la Anmat preve “un mecanismo de excepcion para tratamientos paliativos, que es un tramite administrativo que no se pudo realizar por la gravedad del cuadro” del paciente fallecido, por eso se acudio a la Justicia.